Noelia Romero era la compliance officer de la junta de Bartomeu hasta que el anterior presidente la despidió por tratar de esclarecer el llamado caso Barçagate o de las Redes Sociales. Cumpliendo su obligación (la compliance officer es la persona que debe de velar por el cumplimiento de conductas éticas en las organizaciones) pidió información a directivos y ejecutivos sobre el caso y lo pagó con su cargo. En una entrevista a La Vanguardia afirma que “el Barçagate obedece a patrones de corrupción”.

Romero argumenta que “en cuanto la Cadena SER dio la información activé una investigación, porque ningún nombre de los proveedores que citaban me resultaba familiar y eso era muy extraño porque formaba parte de mi trabajo”.

A medida que investigó (llegó a revisar según afirma 10.000 correos electrónicos) la compliance se encontró con mayores dificultades que acabaron por una suspensión de empleo y sueldo primero y un despido sin indemnización después.

Recela de la auditoria que encargó el club “porque fue encargada y gestionada por los los mismo s imputados” y celebra que Laporta haya empezado otra auditoría que afecte también al Espai Barça.

Añade en su entrevista a La Vanguardia que “yo no pensaba declarar, pero al escuchar las acusaciones del señor Gómez Ponti contra mí en la rueda de prensa que dio, decidí presentarme ante los Mossos”. Gómez Ponti, ex jefe de los servicios jurídicos del Barça, está llamado el próximo lunes a declarar como imputado por el juez en la causa del Barçagate.

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